(14-Mar-2014) El pasado sábado presentamos un informe para dar cuenta de manera integral de lo ocurrido en el país en las últimas semanas. Así, presentamos un balance en el cual se revisan todos los hechos ocurridos, las actuaciones defensoriales y las investigaciones en curso.
Lamentablemente, una noticia falsa sobre las declaraciones que ofrecimos sirvió para desviar la atención de nuestro informe y centrarla en acusaciones sin base, propiciadas por un periodismo de cloaca.
No vamos a insistir en ese tema, sino llamar la atención de la manera en que algunos medios y políticos han asumido lo que ocurre en el país, y de la manera en que se han dirigido a la Defensoría del Pueblo.
Cuando se nos acusa de justificar la tortura o desconocer los estándares internacionales al respecto, lo que se busca es generar desconfianza en las instituciones y generar odio en parte de la población. Nuestra Defensoría preside la Comisión Nacional para Prevenir la Tortura y ha trabajado en el tema con ahínco desde hace años.
En un marco de protestas violentas el gobierno ha actuado para garantizar el libre tránsito y deponer el vandalismo. En ese accionar, algunos funcionarios han violado la ley. Cuando se les ha identificado han sido separados de sus cargos y puestos a la orden de la justicia. Así funcionan la democracia y el Estado de Derecho. No hay violencias buenas y malas, todas causan daño y generan víctimas.
Nuestra Institución ha estado activa desde el 12 de febrero visitando a los detenidos, a los heridos y reuniéndose con sus familias. Así ha recogido 44 denuncias sobre violación al derecho a la integridad personal cuyas investigaciones está impulsando.
Quienes con tanta fuerza nos atacan, deberían invertir esa energía en condenar la violencia como método de hacer política, denunciar el secuestro al que ha sido sometida la clase media de varias ciudades y hacer llamados sinceros a la paz. Eso sería acorde con los derechos humanos.
A las pruebas me remito: la mayoría de las muertes han ocurrido como consecuencia de focos violentos vinculados a las guarimbas, mientras las 4 muertes vinculadas a los cuerpos de seguridad ya están en manos de la justicia.¿Es posible hablar de DDHH sin deslindarse de la violencia? Llamamos a trabajar por la paz.
Gabriela Ramírez
Defensora del Pueblo
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