Movimientos sociales ven la señal represiva de Peña Nieto en la brutal reacción policiaca frente a las manifestaciones contra su toma de posesión, y adelantan que la respuesta será fortalecer la organización y la unidad de los de abajo.
Fuente: Desinformémonos
México. El mensaje de Peña Nieto es “que ya llegó la mano dura, enmascarada con su discurso de privilegiar el diálogo y aplicando un Estado de Derecho basado en la represión ante una demanda legítima”, señala Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Pero “no estamos derrotados por la imposición, ahora es cuando más tenemos que convocarnos a la unidad y a la organización”, aclara.
Mientras el domingo 1 de diciembre los medios de comunicación mostraban a un Peña Nieto sonriente e impecable en su toma de posesión como presidente de la República, los cuerpos policiacos se reprimían las manifestaciones de descontento de miles de ciudadanos.
De la jornada con decenas de heridos –algunos de ellos graves, uno todavía en coma inducido y otro con pérdida de un ojo-, horas de enfrentamientos y más de cien detenciones arbitrarias en la Ciudad de México y en Guadalajara, Jalisco, solamente aparecieron en los medios masivos las imágenes de quienes lanzaron bombas molotov o el estado en el que quedaron algunos bancos y grandes hoteles después de la refriega.
El mensaje
Lo que sucedió el 1 de diciembre “fue una lucha y defensa legítima” de un pueblo “que dice no te reconocemos como presidente y entras bajo nuestra protesta”, señala Trinidad. “De un lado estaban los que tienen las armas que asesinan, y del otro los que nos defendemos con lo que haya”, sostiene la integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, y señala que la represión que Peña Nieto lanzó contra su pueblo en 2006 –con saldo de dos jóvenes muertos, violaciones a mujeres, decenas de heridos graves y encarcelados- fue un ensayo de la represión con la que pretende gobernar.
Javier Bautista, integrante del #YoSoy132, evalúa que el operativo policial es una muestra de que el gobierno de Enrique Peña Nieto va a reprimir y a criminalizar a los movimientos críticos de su presidencia. “El operativo, orquestado por Mondragón y Kalb, estaba lleno de infiltrados enviados por la policía”, señala, y asegura que cuentan con las pruebas.
El también investigador apunta que esto demuestra que el Estado busca una relación violenta y que la protesta social será judicializada. “Nuestros compañeros están acusados de ruptura de la paz pública, muy parecido al delito de sedición que usó el 1968 el gobierno priista contra los estudiantes”, señala, y agrega que el movimiento no se deslinda de ninguno de los detenidos, pero que sí rechaza la violencia “generada de múltiples maneras por el Estado”. Javier aclara que el #YoSoy132 seguirá “como un movimiento pacífico, apartidista y plural”.
Para Jorge Salinas, del colectivo de Telefonistas Zapatistas y quien ya sufrió la represión peñista en 2006, el 1 de diciembre fue muy clarificador de cuál es la noción que Peña Nieto tiene del Estado de Derecho, ya demostrada en Atenco: “Imponerse a madrazos”, señala. Testigo de los hechos, relata que Juan Francisco Quinquedal “Kuy”, el herido más grave de la jornada y que hasta el 2 de diciembre seguía en coma inducido, apenas llegaba a la manifestación cuando los policías arremetieron contra todos.
“Nosotros estamos preocupados; lo que vimos ayer fue cruel, la represión a la sociedad”, apunta Santos de la Cruz, del pueblo wirrárika. Ante la imposición de Peña Nieto “por la clase política y pudiente, preocupa también que no todos despertemos ante esta situación que estamos viviendo todos los mexicanos”, señala el defensor del territorio sagrado de Wirikuta.
Para Salvador Campanur, comunero de Cherán, los medios “no se fijan en la violencia que se genera desde arriba”, donde están coludidos con el crimen, pero sí magnifican lo que sucede abajo cuando la gente reclama sus derechos porque eso “no les parece y quieren acabar con ella”. Agrega que “hoy vemos desaparecidos, golpeados, encarcelados, y de eso debe entregar cuentas este gobierno”.
El sexenio que empezó
Trinidad Ramírez señala que el gobierno peñista representa la continuidad de la política represiva de Calderón, que deja una huella “de asesinatos, represión, desaparecidos, miseria y desempleo”. El Frente de Pueblos continuará con su organización porque su demanda principal sigue siendo la defensa de la tierra, la historia y los recursos naturales, así como la verdadera impartición de justicia, apunta. “Hoy que entra el represor de mayo del 2006 tenemos que buscar la organización por los derechos de todos y la unidad con otros compañeros, vengan de donde vengan, porque a todos nos compete luchar por tierra, educación, vivienda, salud”.
Para Javier Bautista, las condiciones del país cambiaron radicalmente el 1 de diciembre. “Sabemos que para Enrique Peña Nieto no sólo somos una oposición social, sino, desde su perspectiva, sus enemigos”, por lo que el movimiento tiene que entrar a un proceso de reorganización; primero, para sacar a todos sus presos, y luego para decidir cómo van a establecer su resistencia. Los jóvenes del 132 buscarán abrir canales para que no sólo ellos, sino toda la sociedad, pueda expresar su enojo. Como ejemplo, relata que el 1 de diciembre había muchas manifestaciones, “no todas de manera violenta” pero que expresaban disgusto por el regreso del PRI y porque la sociedad no se manifestara en su conjunto.
#YoSoy132 sabe que está “en la mira del gobierno”, apunta Javier, y “buscará canales de interlocución con otros actores sociales, como intelectuales y movimientos”, así como restablecer sus canales de comunicación con la sociedad civil.
Jorge Salinas señala que no se debe esperar nada del gobierno, sino generar organización para resistir y autogestionarse “como los compas de la Policía Comunitaria, los zapatistas, Cherán, Atenco, los wirrárika, los yaquis; van a ser seis años de resistencia que deseo que sea pacífica” porque “si a Calderón no le importaron los cien mil muertos de su guerra, menos les va a importar a estos asesinar, torturar y reprimir”.
Para Salvador Campanur, comunero de Cherán, no hay nada nuevo desde el 1 de diciembre, sino una continuidad que viene del salinismo. “Los proyectos capitalistas siguen en marcha, como desde 1992 –cuando se reformó el artículo 27 constitucional para que se firmara el Tratado de Libre Comercio (TLC) y se implementara el despojo del territorio mexicano-”, señala, lo que significó para los indígenas y campesinos la separación y despojo de su tierra y territorio. “Peña Nieto es igual a las cuatro ruedas del carruaje capitalista, que es desprecio, discriminación, despojo y destrucción”.
“La perspectiva para los pueblos indios es una política de muerte y exterminio; lo hemos comprobado desde la aplicación de la ley, el modo de trabajar del congreso y los partidos, y con la gente que está en los Pinos, que ahora es del PRI”, explica. Por ello, como camino de los pueblos indios, “nos queda solamente generar la defensa de nuestros territorios, la autonomía y la libre determinación ante los de arriba, que buscan despojar y robar los recursos”.
La lucha del pueblo wirrárika “sigue igual” ante Peña Nieto, señala De la Cruz. “Tenemos que ser muy fuertes, va a ser muy duro el sexenio pero estamos muy conscientes de en lo que estamos, reivindicando nuestros derechos territoriales y lugares sagrados”.
“Tenemos que ir concientizándonos y consolidando alianzas entre los pueblos para no permitir estas situaciones, y buscar la estrategia para seguir resistiendo como pueblos desde el Congreso Nacional Indígena”, apunta Santos de la Cruz; “tenemos que ser muy inteligentes en qué tanto poner nuestros asuntos en la agenda nacional o simplemente seguir caminando como lo hemos hecho, a través del ejercicio de la autonomía y la libre determinación”. El wixárika desea que la sociedad mexicana “pudiera seguir el ejemplo de los pueblos, donde vivimos una democracia real; eso no pasa en la Nación y es algo que nos debe preocupar a todos”.
“Convocamos a todos a una movilización nacional por la libertad de todos los presos del 1 de diciembre de 2012; ahí estamos”, finaliza Trinidad Ramírez.
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