Las nuevas propuestas en materia energética del gobierno de Federico Franco, en Paraguay, serán pagadas por los pobladores ya que se traducirán en el aumento de impuestos y tarifas de servicios públicos.
Esta afirmación fue hecha por la viceministra de Minas y Energía del gabinete de Fernando Lugo, Mercedes Canese, a propósito del giro en la política energética del Gobierno de Federico Franco al entregar los recursos del país a las transnacionales.
En declaraciones a la televisora multiestatal Telesur, Canese se refirió a las negociaciones del actual gobierno paraguayo con la empresa Río Tinto Alcán (RTA), interesada en la instalación de una fundidora de aluminio en el país, que pretende consumir seis veces más energía que toda la industria nacional con una tarifa menor al costo, lo que significará un enorme subsidio que tendrá que ser cubierto por el pueblo paraguayo. Además se estará utilizando una gran parte del recurso natural, en una industria que prácticamente no generará empleo.
En materia de hidrocarburos, la funcionaria paraguaya manifestó una gran preocupación por la entrega de concesiones a transnacionales, bajo la figura de sociedades anónimas sin ningún control, que evite la monopolización de este importante sector, y que habían sido detenidas bajo el mandato de Fernando Lugo.
La lectura de lo que está ocurriendo con el uso de los recursos naturales y en sectores fundamentales para el desarrollo del país como el energético, el ingreso de las semillas transgénicas y el reconocimiento de deudas ilegítimas adquiridas durante la dictadura militar, entre otros, es que este gobierno de facto ha priorizado la inversión extranjera y los acuerdos con las transnacionales en el menor tiempo posible, considerando que no tiene la legitimad popular. "Está anteponiendo los intereses particulares, empresariales y corporativos por encima de los intereses del pueblo paraguayo", sentenció Canese.
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