Una respuesta social frente a "El Gran Viraje"
"Lo del 27 y el 28 de febrero fue la insurgencia de un pueblo explotado y masacrado. La revolución profunda de un pueblo que se cansó de ser vejado y fue un disparador del 4 de febrero", afirmó el Presidente Hugo Chávez en el 2008
Prensa Web RNV
27 Febrero 201
"El Gran Viraje" del Ejecutivo de entonces comprendía en una primera etapa un fuerte incremento del los servicios públicos, liberación de precios de la cesta básica, un sensible incremento de la gasolina y la devaluación del bolívar.
La subida en el costo del pasaje derivado del aumento del combustible sirvió de detonante de la primera rebelión de pueblo contra el neoliberalismo.
La madrugada del lunes 27 de febrero el transporte público inició su jornada cobrando el doble de la tarifa anterior, a la par que se desconoció el pasaje preferencial estudiantil.
Trabajadores y estudiantes se negaron a pagar el aumento de los precios y protestaron violentamente contra el atropello.
La ciudad de Guarenas, se convirtió rápidamente en el hervidero más importante de la protesta por su condición de ciudad dormitorio, que alojaba a una gran cantidad de gente humilde que estudiaba y trabajaba en Caracas.
Antes de las 8 de la mañana ya se reportaban la quema de vehículos y los primeros saqueos de establecimientos comerciales.
Las protestas se propagaron al terminal de pasajeros del Nuevo Circo en Caracas, que resultó ocupado por estudiantes.
Posteriormente las manifestaciones se extendieron a buena parte de la capital, con barricadas que bloquearon el tráfico en las avenidas Bolívar, Fuerzas Armadas; Plaza Venezuela y la autopista Francisco Fajardo.
Protestas y saqueos también se escenificaron en San Cristóbal, Barquisimeto, Maracay, Barcelona, Puerto La Cruz, Mérida, Maracaibo y Valencia se incorporaron a la protesta.
La represión desmedida fue la respuesta oficial. En algunas zonas la policía disparaba de manera indiscriminada sus armas automáticas contra la gente que participaba en los saqueos. En otros lugares, los funcionarios policiales permitieron un saqueo controlado.
El primer intento de represión fue un fracaso rotundo del Gobierno que tuvo como imagen emblemática el desfallecimiento ante las cámaras de televisión del ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre, cuando pedía calma a la población enardecida.
Al final de la tarde, el presidente Pérez apareció en televisión para anunciar la suspensión de las garantías constitucionales y el establecimiento del Estado de Emergencia.
La orden fue que la Guardia Nacional y el Ejército reprimieran los disturbios y con ella se desató la segunda gran arremetida contra la población. Sectores populares con alta densidad de población como Catia, Petare y El Valle fueron sometidos al fuego de militares que, aparte de no estar entrenados para atender problemas de orden público, recibieron la orden de disparar contra el pueblo.
"Los soldados eran muy jóvenes e inexpertos, y como todo joven seguía las ordenes de sus superiores. Además los traían del interior, muchos, la mayoría, no conocían Caracas. Les enseñaban las luces de los barrios y les decían: disparen a todo lo que se mueva; esas son luces de Guerrilleros; así que disparen. Y ellos disparaban", señala un informe de la Defensoría del Pueblo.
Las cifras oficiales de muertos referían al menos unas 300 personas, no obstante el número de asesinatos derivados de la masacre ascendería a más de 3000 personas, la mayoría a manos de los cuerpos de seguridad.
El 27 de Febrero de 1989 despertó el espíritu y la conciencia del pueblo venezolano para retomar las luchas por sus derechos y posibilitó otros procesos como la rebelión cívico-militar del 4 de Febrero de 1992.
"Lo del 27 y el 28 de febrero fue la insurgencia de un pueblo explotado y masacrado. La revolución profunda de un pueblo que se cansó de ser vejado y fue un disparador del 4 de Febrero, fue un acelerador del proceso que ya venía cocinándose, que ya había sido engendrado en lo más profundo de las entrañas del Ejército", afirmó el Presidente Hugo Chávez en 2008 cuando se conmemoraban 16 años de la insurgencia cívico-militar.
En el año 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del presidente Pérez en los hechos del 27F, donde se contabilizaron según las investigaciones, más de mil muertos que fueron sepultados en fosas comunes en la llamada Peste del Cementerio General del Sur así como unos 2 mil desaparecidos.
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