El Gobierno de Estados Unidos pidió a Twitter información sobre Wikileaks y las cuentas de algunos de sus colaboradores, así como datos personales del principal promotor de las filtraciones, Julian Assange.
Según información difundida por Efe, la revista estadounidense Salon tuvo acceso a la orden judicial de un tribunal de Virginia con fecha 14 de diciembre en la que Washington ordena el espionaje a Wikileaks.
"La existencia de una investigación gubernamental secreta estadounidense por espionaje sobre WikiLeaks ha sido confirmada por primera vez al salir a la luz pública la citación judicial", afirmó la organización, que desveló la política injerencista de Estados Unidos en el mundo mediante la difusión de más de 250 mil cables de las embajadas norteamericanas.
WikiLeaks señaló que los investigadores estadounidenses han pedido a Twitter, con sede en San Francisco (California), información de Assange y algunos de sus partidarios como Bradley Manning, el soldado acusado de ser la fuente de WikiLeaks.
"Si el Gobierno iraní intentase mediante coerción obtener información sobre periodistas y activistas extranjeros, los grupos de derechos humanos alrededor del mundo se pronunciarían al respecto", sostuvo la organización mediante una comunicación.
Twitter no ha realizado por el momento comentarios sobre la citación y se ha limitado a decir que su política consiste en notificar a sus usuarios, "siempre que sea posible", sobre las solicitudes oficiales de información.
Además de Assange y Manning, la orden judicial también exige a Twitter que entregue información sobre la legisladora islandesa, Birgitta Jonsdottir, así como del holandés Rop Gonggrijp y el programador estadounidense Jacob Appelbaum.
La legisladora islandesa ha calificado la citación judicial como "completamente inaceptable".
"El Gobierno de EEUU quiere saber todo sobre mis tweets desde el primero de noviembre de 2009. ¿Son conscientes de que soy miembro del Parlamento de Islandia?", se preguntó Jonsdottir en un mensaje de Twitter enviado el pasado viernes en la noche.
La política islandesa aseguró que emprenderá una campaña legal para impedir que el Gobierno de EEUU se haga con sus mensajes después de que Twitter le informase que se había emitido la citada orden judicial.
"Tengo 10 días para detener el proceso vía legal antes de que Twitter entregue" la información, afirmó Jonsdottir.
La orden judicial sostiene que la información requerida es "relevante" para "una investigación criminal en marcha".
Según información difundida por Efe, la revista estadounidense Salon tuvo acceso a la orden judicial de un tribunal de Virginia con fecha 14 de diciembre en la que Washington ordena el espionaje a Wikileaks.
"La existencia de una investigación gubernamental secreta estadounidense por espionaje sobre WikiLeaks ha sido confirmada por primera vez al salir a la luz pública la citación judicial", afirmó la organización, que desveló la política injerencista de Estados Unidos en el mundo mediante la difusión de más de 250 mil cables de las embajadas norteamericanas.
WikiLeaks señaló que los investigadores estadounidenses han pedido a Twitter, con sede en San Francisco (California), información de Assange y algunos de sus partidarios como Bradley Manning, el soldado acusado de ser la fuente de WikiLeaks.
"Si el Gobierno iraní intentase mediante coerción obtener información sobre periodistas y activistas extranjeros, los grupos de derechos humanos alrededor del mundo se pronunciarían al respecto", sostuvo la organización mediante una comunicación.
Twitter no ha realizado por el momento comentarios sobre la citación y se ha limitado a decir que su política consiste en notificar a sus usuarios, "siempre que sea posible", sobre las solicitudes oficiales de información.
Además de Assange y Manning, la orden judicial también exige a Twitter que entregue información sobre la legisladora islandesa, Birgitta Jonsdottir, así como del holandés Rop Gonggrijp y el programador estadounidense Jacob Appelbaum.
La legisladora islandesa ha calificado la citación judicial como "completamente inaceptable".
"El Gobierno de EEUU quiere saber todo sobre mis tweets desde el primero de noviembre de 2009. ¿Son conscientes de que soy miembro del Parlamento de Islandia?", se preguntó Jonsdottir en un mensaje de Twitter enviado el pasado viernes en la noche.
La política islandesa aseguró que emprenderá una campaña legal para impedir que el Gobierno de EEUU se haga con sus mensajes después de que Twitter le informase que se había emitido la citada orden judicial.
"Tengo 10 días para detener el proceso vía legal antes de que Twitter entregue" la información, afirmó Jonsdottir.
La orden judicial sostiene que la información requerida es "relevante" para "una investigación criminal en marcha".
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