Ambas buscaban colocar en jaque al gobierno para llevar al caos y justificar un golpe que tuvo muchos episodios ocultos o abiertos entre 2014 y 2020. Durante esos seis años, la oposición extrema violenta se valió de la delincuencia para sus fines y aún hoy siguen intentando el esquema de promover caos y descontento, originando ataques selectivos que por su modus operandi se articulan con el Manual de Asesinatos Selectivos de la CIA, develado por Julian Assange en 2014.
Las tácticas consistían, por un lado, en provocar a los cuerpos policiales para tratar de generar el uso de la fuerza contra las "protestas pacíficas" y crear, desde todos los ángulos, a través de los medios nacionales e internacionales de derecha, la noticia amarillista que descalificaría a Venezuela en el ámbito de los derechos humanos.
Por otro lado, dirigentes de la derecha implementaron diversos recursos para alcanzar sus objetivos, pero entre los más recurrentes estuvieron la asociación de elementos de la delincuencia común o consumidores de drogas en las barricadas improvisadas, que eran pagadas con dinero o con drogas. Además, proporcionaban una logística sofisticada de alcohol, drogas, comida, bombas molotov, cohetes y otros recursos —como las armas de fuego— para atacar a las fuerzas del orden.
Mediante el Manual de Asesinatos Selectivos de la CIA aplicado en Venezuela, por agentes del paramilitarismo colombiano y la delincuencia común, agredieron fatalmente a notables dirigentes del chavismo como Eliézer Otaiza, el 26 de abril de 2014, y Robert Serra, también asesinado el 1.° octubre de ese mismo año. También en el interior del país mataron a centenares de dirigentes sociales que lideraban procesos revolucionarios locales.
En las guarimbas, recrudecidas a partir de ese año 2014, era indudable la participación de factores de derecha en acciones violentas y terroristas. Se detectó la capacidad organizativa de los guarimberos con unidades guiadas por un "manual de la resistencia", las cuales constaban de seis escuderos, tres lanzadores, cuatro defensas, dos fusileros, dos apoyos y un observador, es decir, una estructura delincuencial muy sofisticada.
¿Por qué hacemos memoria histórica de esto? Porque aún están frescas las acciones de grupos paramilitares criminales con esos propósitos, como los que dirigía Carlos Luis Revete, alias "El Coqui", en la Cota 905 de Caracas, y que fue neutralizado junto a su banda el 8 de febrero de 2022.
A esta acción, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz realizó campañas para acabar con las bandas criminales que operaban desde centros carcelarios venezolanos. Las mismas estaban asociadas a actos delictivos que se generaban en las calles y poblaciones por donde era inminente el tránsito de drogas provenientes de Colombia y que contaban con una infraestructura organizativa que les daba apoyo logístico entre el occidente y el oriente del país.
Desde que Juan Guaidó apareció protegido por la banda Los Rastrojos, en el estado Táchira, en 2019, para circular subrepticiamente por la frontera entre Colombia y Venezuela, se conocieron indicios que asociaban a la derecha extrema con bandas delincuenciales paramilitares y traficantes de drogas.
A pesar de los duros golpes que recibieron estas bandas en 2023 y principios de 2024, que produjo una disminución de los delitos comunes, robos, hurtos, secuestros y asesinatos, a partir de abril de 2024 ha habido un repunte, difícil estimar estadísticamente por el terror psicológico que envían los delincuentes a sus víctimas para que no denuncien sus fechorías.
Las últimas señales aleatorias siguen posicionando la hipótesis de los crímenes selectivos contra víctimas vulnerables, especialmente jóvenes menores de edad, para arrebatarles sus teléfonos celulares y dinero. Muchos de estos delincuentes implementan la táctica del engaño al indicar que pertenecen a colectivos que buscan a supuestos delincuentes. Mediante la intimidación, las víctimas terminan siendo secuestradas por horas y hurtadas sin violencia física, lo que genera psicoterror en los jóvenes, sus familiares y amigos. Se despliega la teoría de que los "colectivos" están atacando a la población o que el gobierno no tiene capacidad ni control de la seguridad pública. Es la misma matriz que se empleó entre 2014 y 2020.
En las redes sociales se impone la narrativa de inculpar a los bolivarianos. La Web está llena de cuentos que invalidan las acciones del gobierno. Sin embargo, se sabe de las relaciones cercanas de dirigentes de la derecha extrema con "políticos" colombianos como Álvaro Uribe Vélez y mafiosos norteamericanos asociados con el paramilitarismo y el tráfico internacional de drogas.
Aldemaro Barrios Romero.
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