“A cada conspiración sucedía un perdón, y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar”.
ÚN | Edgar Ramírez.- “ El proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional está fundamentado en el perdón y el olvido. Pero si a los propios diputados les costó tanto ponerse de acuerdo, cómo va a hacerlo todo el pueblo venezolano”, preguntaba a través de un megáfono un hombre delgado que fungía como moderador en una asamblea popular en la Esquina Caliente de la Plaza Bolívar de Caracas. Bajo el sol abrasador del atardecer capitalino, insistía en que es absurdo pensar que el nuevo parlamento promulgará la amnistía como medida de pacificación y reconciliación y, ¡listo!, todo será paz y amor.
El preámbulo del proyecto de Ley aprobado como punto legislativo para su primera discusión es claro al señalar que la aceptación de amnistía no implica reconocimiento o atribución de culpabilidad y autoría por parte del beneficiario.
Sobre ese punto, Edwin Rojas, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), consideró que en un proceso de reconciliación debe haber perdón mutuo. “Ninguno de los imputados ha mostrado arrepentimiento ni solicitado perdón. La mayoría niega la comisión de delitos, a pesar de las 43 personas fallecidas y 870 discapacitadas. Lo reconocen con la ley”, afirmó.
La cifra corresponde a las víctimas de la violencia callejera desatada en el contexto de La Salida. Los imputados por esos delitos podrían quedar en libertad según el artículo 12 del proyecto.
Rojas, quien forma parte de la Comisión de Política Interior, encargada de estudiar la propuesta para iniciar el proceso de discusión y aprobación de la ley, negó la posibilidad de reconciliación “con quienes sabotearon la principal empresa nacional (Pdvsa) atentando contra la seguridad económica de Venezuela”.
Los gerentes petroleros que lideraron el paro también podrían beneficiarse, tal como lo establece el artículo 42 del proyecto: “Se extiende la amnistía (...) a los empleados o trabajadores de las empresas del Estado y sus empresas filiales (...) cuando el despido, destitución o remoción haya obedecido a razones políticas”.
Por su parte, Eugenia Russián, presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), organización pionera en Venezuela, fundada en 1978 y con estatus consultivo en la Organización de Naciones Unidas (ONU), enfatizó que no rechazan ni la reconciliación ni el perdón porque siempre apostarán por el diálogo y el entendimiento en cualquier parte del mundo. Sin embargo, le preocupa que se utilice el tema de la amnistía para generar impunidad.
Aseveró que esta “Ley de impunidad” hace héroes a los victimarios. Lamentó que, pasadas las oleadas de solidaridad y condena, la aparición de las víctimas en los medios de comunicación cada vez fue menor: “Muy por el contrario fue el caso de las esposas de los alcaldes (Lilian Tintori, Patricia de Ceballos y Mitzy Capriles) quienes realizaron giras nacionales e internacionales para denunciar la privativa de libertad de sus parejas”.
Al repasar el articulado propuesto se puede determinar, en términos generales, a quién o a quiénes favorecerá: la mayoría son ex trabajadores petroleros, pero también están Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma (a quienes se refiere el artículo 12). Además, los tuiteros (art. 9), los militares acusados de golpes de Estado o magnicidio (arts. 23, 24 y 38) y los dirigentes políticos (art. 7). La libertad de estos venezolanos era parte de la oferta electoral con que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró alzarse con la mayoría parlamentaria el 6 de diciembre.
Gozarán de amnistía también Miguel Henrique Otero y Teodoro Petkoff, entre otros acusados de difamación e injuria contra el diputado Diosdado Cabello. El artículo 8 amnistía a los incursos en estos delitos, en cualquiera de sus modalidades y aquellos considerados como ofensas al presidente de la República u otros funcionarios públicos.
Entren que caben cien. Freddy Guevara, diputado por Voluntad Popular, anunció que la cifra de beneficiados puede alcanzar cerca de dos mil personas, pues acoge todos los hechos delictivos cometidos o que podrían cometerse por motivaciones políticas desde el 1° de enero hasta la entrada en vigor de la ley.
“No te puedo nombrar todos los casos porque son muchos. Es imposible dividirlos en grupos”, dijo. Sin embargo, son beneficiados todos los manifestantes de 2002, 2004 (revocatorio), 2006 (elecciones presidenciales), 2007 (caso Rctv y la Reforma Constitucional), 2008 (elecciones regionales) y 2014 (guarimbas).
Aseguró que ningún ciudadano está imputado por homicidio y por tal razón no ha podido comprobarse la violencia directa. “No hay detenidos por dispararle, por ejemplo, a un guardia nacional”, sentenció.
Además, el beneficio se extenderá a quienes hayan recibido inhabilitaciones “dado el uso político que se ha hecho de las facultades del Contralor General de la República”. También se refiere a quienes incurrieron en sanciones administrativas.
Édgar Zambrano, diputado de Acción Democrática, reconoció que aún no se ha hecho público el listado de los “amnistiados” porque no hay uno definitivo. Comentó que el documento presentado, discutido y aprobado en primera discusión, representa la síntesis de las recomendaciones recibidas de varias ONG, entre las que destacan el Foro Penal Venezolano, algunas organizaciones políticas, parte de los exiliados y los familiares de los detenidos.
Al ser consultado sobre el rechazo con esa ley de los familiares de los asesinados y las víctimas discapacitadas por los eventos políticos, envió un mensaje de aliento relativizando los beneficios de la amnistía: “Toda actuación orientada a hacer justicia, bien sea justicia política, como en este caso, siempre va a tener sus pros y sus contras”.
En las afueras del Parlamento, un hombre iba y venía levantando un cartel contra la aprobación de la ley. Se podía leer en humilde caligrafía: “Leopoldo López y otros políticos podrán regresar a sus casas. El vacío de los 43 muertos que ocasionó con su Salida nunca será llenado. ¡Ni perdón, ni olvido!”.
Para Édgar Márquez, presidente de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002 (Asovic), la Ley de Amnistía representa “la más novedosa acción del golpe continuado que se desarrolla desde el efímero derrocamiento al comandante Chávez”.
“Para que se decrete una amnistía debe presentarse una conmoción social y decretarse el estado de emergencia. Eso no ocurrió aquí. Las guarimbas fueron focalizadas en solo 17 municipios de los 337 que conforman el territorio. El resto del país se encontraba en calma. No es casualidad que la violencia se desbordó solamente en las zonas bajo jurisdicción de alcaldes opositores”, argumentó.
Hizo hincapié en que el proyecto aprobado también pondrá en libertad plena a los banqueros prófugos por corrupción (art. 35, aparte a). “No son presos políticos, son delincuentes”, declaró.
Al revisar los delitos relacionados con manifestaciones, informaciones o pronunciamientos con fines políticos, el proyecto establece la amnistía a algunos hechos punibles tipificados en el Código Penal: Instigación a la desobediencia de las leyes, al odio y apología del delito; Instigación a delinquir; lesiones; agavillamiento; obstaculización de la vía pública; daños a los sistemas de transporte, servicios públicos, informáticos o de comunicación, entre otros.
También quedan exonerados de sus cargos quienes, por móviles políticos, hayan dañado la propiedad, asociado para delinquir, importado, fabricado, portado, detenido, suministrado u ocultado artefactos explosivos o incendiarios.
Finalmente, se perdonará el ultraje a funcionarios públicos, el uso de menores en la comisión de delitos, sustracción de efectos pertenecientes a la fuerza armada y el porte ilícito de arma de fuego y su uso indebido. No es un dato menor que incluso los asesinos del fiscal Danilo Anderson (asesinado con una bomba en su automóvil el 18 de noviembre de 2004) puedan verse protegidos.
Amanecerá y veremos. El miércoles 10 de febrero se iniciará la primera discusión de la ley.
Una frase de Bolívar pintada en la esquina de Capitolio, en la salida del Metro, pasa desapercibida a los apurados transeúntes:
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