Caracas, 29 May. AVN.- Un directivo de la antigua Pdvsa, un banquero prófugo, un ex diputado copeyano, un ex gobernador adeco y la hija de la vieja oligarquía empresarial en Venezuela. Tienen al menos dos cosas en común: eran parte de las rancias élites económicas y empresariales en los gobiernos de la IV República y están involucrados en los planes de magnicidio y golpe de Estado denunciados este miércoles por el alto mando político de la Revolución Bolivariana.
Ante el desgaste de los focos de violencia, la frustración por las consecutivas derrotas acumuladas por la vía electoral y el apoyo irrestricto del pueblo a la Revolución Bolivariana, María Machado contactó a Pedro Burelli, Eligio Cedeño, Gustavo Tarre y a Diego Arria, entre otros, para "aniquilar" al presidente Maduro. Así fue revelado públicamente en correos electrónicos.
María Machado es firmante del decreto de Pedro Carmona Estanga durante el efímero golpe de Estado de Abril de 2002. Estuvo presente en el Palacio de Miraflores aplaudiendo cuando el dictador Estanga disolvió todas las instituciones democráticas del país.
Es hija de una familia de casta de empresarios que son parte de la burguesía de antaño en Venezuela. La familia Machado Zuloaga era de las mayores accionistas de La Electricidad de Caracas y de la empresa de fundición Sivensa, Banco Mercantil, Viasa, Inversiones Tacoa y sus empresas filiales.
Tras la llegada de la Revolución Bolivariana en 1999, esta familia perdió privilegios de poderío económico y acceso a la renta petrolera que obtenía también por su influencia sobre la clase política gobernante.
Otro de los mencionados en el plan fue Pedro Burelli, un ex directivo de la Pdvsa nombrado en 1996 como director externo por el presidente de la época, Rafael Caldera. Es partidario de privatizar la estatal petrolera. "Me inclino más por la posición de que la venta de Pdvsa se haga", dijo en una entrevista a El Nacional.
Actualmente radicado en Estados Unidos, Burelli está casado con Cristina Vollmer, integrante de una de las familias de la burguesía venezolana con inversiones en la banca y la industria.
Eligio Cedeño es otro de los actores en el plan magnicida. Es un banquero, radicado en Estados Unidos, prófugo de la justicia venezolana señalado de incurrir en evasión de fondos y en estafa inmobiliaria. Es y ha sido financista de los planes antidemocráticos para intentar detener a la Revolución Bolivariana.
En mayo pasado, el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, reveló que Cedeño era uno de los principales financistas para los focos de vandalismo y violencia registrados entre febrero y marzo de este año.
En los correos de Machado surgió el nombre Henrique Salas Römer, un empresario que ha incursionado en la política en defensa de los grupos de poder económico con intereses en la renta petrolera. Fue parlamentario del antiguo Congreso y gobernador del estado Carabobo.
El 02 de mayo de 2014 el ministro Rodríguez Torres denunció que Salas Römer es el brazo económico de la organización de extrema derecha Juventud Activa Venezuela Unida (Javu), con sede en Valencia, Carabobo.
Dos viejas figuras de los partidos AD y Copei también están implicados en las comunicaciones electrónicas: el abogado Gustavo Tarre, ex diputado del partido verde en 1979, 1983, 1988 y 1993 ; y Diego Arria gobernador del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) por el partido blanco en 1974.
Tarre fungió como subdirector de la fracción parlamentaria del Partido Social Cristiano Copei, el 23 de abril de 2010 fue un fiel defensor de las candidatura de Machado para la Asamblea Nacional.
Arria, quien luego de las pruebas reveladas dijo que su teléfono se lo robaron, como gobernador fue acusado de la compra con sobreprecio de unos terrenos en Vargas. Luego, como presidente del Centro simón Bolívar (CSB), fue vinculado con un turbio negocio en el que el CSB adquirió terrenos en Maiquetía, donde se levantó un costoso proyecto de viviendas para clase media atropellando los derechos de moradores que tenían allí más 50 años como pisatarios.
En 1978 Arria participó en las elecciones presidenciales ganadas por Luis Herrera Campíns, obteniendo apenas 90 mil votos.
Todos los involucrados tienen vínculos con Estados Unidos y su gobierno. Tienen gran interés en recuperar en Venezuela sus vetustos privilegios de casta económica y empresarial. Todos tienen mucho dinero, pocos votos para ser electos a la presidencia, nada de respeto por la democracia. En común tienen la violencia como vía para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, electo en democracia por la mayoría del pueblo.
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