TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SIGUE CON DETENIMIENTO DEMANDA DE URIBE CONTRA VENEZUELA

Caracas, 07 Ago. La Voz de San Joaquin/Fuente:AVN.-
Al ser consultada por periodistas este sábado, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, se expresó con reserva sobre la demanda contra Venezuela que interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, en las últimas horas de su mandato.
“No quisiera tocar estrictamente el punto porque ustedes saben que dentro de la ética del Juez, y los magistrados somos jueces esencialmente, está el no adelantar opinión (…) pero sin duda que nos encontramos frente a una acción que de alguna forma toca a la institucionalidad venezolana y es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia ha seguido con mucho detenimiento y mucho cuidado, y sobre todo tomando nota de aquellos aspectos procedimentales que a nuestro juicio no se corresponden con la debida imparcialidad y la debida ponderación que debe tener un organismo internacional”, explicó.
Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que el Estado venezolano demande a Colombia por las denuncias infundadas del ex presidente Uribe, la magistrada señaló que “nosotros no podemos adelantar opinión sobre eso, no debemos adelantar opinión, además no nos corresponde, si el Estado venezolano decide intentar alguna acción indudablemente que el órgano jurisdiccional daría respuesta, pero hasta ahora no tenemos ninguna acción ante el Tribunal Supremo de Justicia ni ningún otro órgano de justicia”.
La denuncia de Uribe contra el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, ante la Corte Penal Internacional (CPI) y contra el Estado venezolano ante la CIDH, constituyeron la última agresión del ex mandatario contra Venezuela durante su gobierno.
Las demandas se produjeron horas antes de que Uribe dejara el poder y pocos días después de que se descubrieran en Colombia una fosa común con más de dos mil cuerpos no identificados y que se presume pudieran ser campesinos asesinados por el Ejército del vecino país, para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, en una práctica conocida como "falsos positivos" estimulada por la llamada política de Seguridad Democrática del ex presidente neogradino.