Comité de Derechos Humanos manifestó
preocupación por impunidad
31 Julio 2010 La Voz De San Joaquin / Fuente: VD-Telesur-ONU
El experto Fabián Salvioli criticó las recompensas del gobierno de Álvaro Uribe a quienes colaboran en la lucha contra la guerrilla. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH advierte que el conflicto armado propicia las violaciones contra la integridad de las personas
Álvaro Uribe deja la Presidencia de Colombia con una historia oscura en materia de derechos humanos
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), manifestó ayer su preocupación ante la impunidad que existe en Colombia por la presencia de grupos paramilitares que aún accionan en ese país.
El grupo de la ONU, conformado por unos 20 especialistas en el tema, añadió en su informe sobre Colombia que existe “falta de progresos en los beneficios jurídicos para los desmovilizados de grupos armados o por la connivencia entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares”, reportó Telesur.
Los expertos se reunieron en Ginebra desde el pasado 12 de julio para analizar la situación del país latinoamericano. A nombre de ellos, Fabián Salvioli declaró ante la prensa que uno de los temas que primó en la investigación fue el de los “falsos positivos”, o civiles asesinados, y mostrados como supuestos guerrilleros caídos en combate.
“Una de las peores prácticas destacadas durante el periodo de estudio fueron los llamados ‘falsos positivos’, que deben ser investigados a fondo y los culpables juzgados”, señaló Salvioli, según la reseña de Telesur. Salvioli es jurista, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata.
El pasado 16 de julio, tal como lo reseñaron agencias de noticias, Fabián Salvioli, en representación del comité, cuestionó las recompensas del gobierno de Álvaro Uribe a quienes colaboran en la lucha contra la guerrilla, y consideró que esta práctica dio lugar a los “falsos positivos” y a ejecuciones sumarias. La representante colombiana, Alicia Arango Olmos, negó estas acciones, aun cuando las mismas han sido ampliamente denunciadas.
ATROPELLOS E IMPUNIDAD
Otro punto de gran importancia que también forma parte de las conclusiones del Comité de Derechos Humanos, es la falta de investigaciones por las polémicas violaciones a los derechos humanos, así como los atropellos contra distintos activistas.
El grupo cuestionó la extradición ordenada desde el Ejecutivo colombiano de jefes paramilitares a Estados Unidos por considerar que dificulta las indagaciones sobre su responsabilidad por vulneraciones de derechos humanos.
Sobre ese tema, el texto de la ONU indica que las extradiciones “impiden el derecho a la justicia, el descubrimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, además de que contravienen la responsabilidad del Estado de investigar, enjuiciar y castigar las violaciones de los derechos humanos”.
Ante los resultados arrojados por las investigaciones, el Comité instó a Colombia para que adopte una serie de nuevos mecanismos de acción, garantes de las recomendaciones planteadas por el grupo de expertos.
“El principal problema de Colombia es la impunidad, eso no ha mejorado en nada en los últimos años”, afirmó Salvioli. Cabe destacar que este es el sexto informe realizado por el Comité sobre Colombia.
El Comité recomendó emprender el trabajo por la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la prestación de especial atención a las víctimas menores de edad, afrocolombianos e indígenas, quienes, a juicio del grupo adjunto a la ONU, representan “los más desprotegidos por la ley”.
El informe reza, además, que “deben ser habilitados recursos específicamente destinados a brindar atención psicosocial y rehabilitación” a las personas objeto de vejaciones.
EL OBSTÁCULO DE LA GUERRA
El informe Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre países de América Latina y el Caribe (1977 – 2004), disponible en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ratifica que las reiteradas violaciones cometidas contra las personas en Colombia están relacionadas con la guerra civil que sufre la nación vecina.
“La continuación del conflicto armado interno en Colombia sigue siendo un gran impedimento para el respeto y la protección de los derechos humanos”, puntualiza el informe. “El Comité lamenta observar que la situación de los derechos humanos en Colombia no ha mejorado”.
Colombia, señala, “sigue siendo víctima de un conflicto armado muy extendido, en cuyo contexto se han cometido y siguen cometiéndose violaciones patentes y masivas de los derechos humanos. El Comité toma nota también de que todavía no han dado frutos los esfuerzos recientes por reanudar las negociaciones de paz”.
Deplora el hecho “de que sigan produciéndose en Colombia violaciones patentes y masivas de los derechos humanos y siga siendo muy alto el grado de la violencia política y criminal”. En particular, la ONU lamenta “las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos, las torturas y los tratos degradantes de otro tipo, las desapariciones involuntarias y las detenciones arbitrarias que llevan acabo los integrantes de las fuerzas armadas, la policía y los grupos paramilitares y guerrilleros”. Y añade que los periodistas, los activistas de derechos humanos, los dirigentes sindicales y políticos, los profesores, los miembros de las poblaciones indígenas y los jueces “parecen ser un blanco preferido de estos atropellos”.
CUIDADO CON ESTATUTO ANTITERRORISTA
La ONU “ha tomado nota de los esfuerzos” para fomentar “que los miembros de los grupos armados ilegales abandonen sus armas y se integren a la sociedad civil”. No obstante, alerta que se ha presentado el llamado proyecto de ley de alternatividad penal, “que propone otorgar beneficios jurídicos, tal como la suspensión de la pena privativa de la libertad, a los miembros de los grupos armados ilegales que abandonen sus armas. Al Comité le preocupa que dichos beneficios puedan extenderse a personas responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.Por eso, solicita al Estado colombiano “asegurar que la legislación propuesta sobre penas alternativas a la privación de libertad no otorgue impunidad a las personas que hayan cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
“El Comité nota con preocupación que el llamado ‘Estatuto Antiterrorista’ (proyecto de acto legislativo No 223 de 2003) fue aprobado como Ley de la República en diciembre de 2003, ley que prevé dotar de facultades de policía judicial a las fuerzas armadas, así como autorizar allanamientos, detenciones administrativas y otras diligencias sin previa orden judicial”, añade. “Se disponen restricciones al derecho a la intimidad y al derecho a interponer recursos. Dichas disposiciones no parecerían compatibles con las garantías enunciadas en el Pacto” de Derechos Civiles y Políticos.
Al Comité le preocupa el hecho de que siga produciéndose en Colombia “un importante número de detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones forzadas, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos. Al Comité le preocupa asimismo que sigan ocurriendo tales prácticas como arrestos de candidatos y que los asesinatos de legisladores ocurridos en años anteriores resten impunes”. Añade: “Continúan siendo un blanco de estas acciones los defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales y políticos, jueces y periodistas.
El secuestro de la candidata a la Presidencia, Ingrid Betancourt, en febrero de 2002 sigue preocupando al Comité, así como el resto de los secuestros. Preocupa igualmente al Comité la participación de agentes del Estado Parte en la comisión de tales actos, así como la aparente impunidad de la cual gozan sus perpetradores”. El Gobierno colombiano “debería tomar medidas inmediatas y eficaces para investigar estos hechos, sancionar y dar de baja a los que se determine como responsables y a indemnizar a las víctimas”.
FUERZAS ARMADAS APOYAN A PARAMILITARES
El Comité de la ONU “está profundamente preocupado por la existencia de pruebas de que grupos paramilitares reciben apoyo de miembros de las fuerzas armadas. Parece agravar la situación el recientemente aprobado decreto que tendría el efecto de legalizar la constitución de grupos armados civiles (las llamadas cooperativas de seguridad rural)”.
La impunidad sigue siendo un fenómeno muy difundido, señala el informe. Además, integrantes de las fuerzas militares y de seguridad u otras fuerzas “supuestamente siguen ejerciendo poderes especiales sobre la población y las autoridades civiles, incluidas las autoridades judiciales, poderes que se les otorgaron mediante el establecimiento de las zonas especiales de orden público por decretos que ya no están en vigor”.
El Comité está especialmente preocupado por el hecho de que los militares ejerzan las funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio.
JUSTICIA OBSTRUIDA
La Fiscalía General de la República “no ha investigado con la diligencia apropiada a los miembros de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos en la forma de crímenes, particularmente torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias y arbitrarias”.
Colombia, agrega, “deberá asegurar las investigaciones, sin distinción de los presuntos autores, de estos hechos y garantizar a las víctimas el pleno ejercicio del derecho a un recurso efectivo”.
Una de las preocupaciones de la ONU es que los tribunales militares siguen investigando delitos cometidos por el personal militar “que implican torturas, desapariciones forzosas, y ejecuciones sumarias y arbitrarias, no obstante su anterior ineficacia para resolver esos crímenes y de la decisión de la Corte Constitucional que otorgó jurisdicción sobre tales crímenes a los tribunales ordinarios”. El Estado colombiano debería asegurar “que los tribunales ordinarios investiguen y juzguen dichos crímenes y que todos los elementos de las fuerzas armadas cooperen en dichos procedimientos. Las personas investigadas por tales delitos deberán ser suspendidas del servicio activo durante la investigación y el proceso de estos casos”.
El Comité “lamenta cierta información recibida con respecto a acciones cometidas contra los defensores de derechos humanos, incluyendo intimidaciones y ataques verbales y físicos provenientes del más alto nivel político y militar y las intercepciones de comunicaciones”.
DESPLAZADOS EN EL AIRE
Al Comité “le sigue preocupando el número todavía elevado de desplazados en Colombia así como la falta de asistencia socioeconómica entregada por el Estado Parte a estas personas, especialmente en áreas tales como la educación infantil y la asistencia hospitalaria”. La ONU “también expresa su inquietud con respecto a las dificultades que tienen las personas desplazadas internamente para ejercer sus derechos cívicos, particularmente el voto.”.
Colombia “debería intensificar los programas destinados a prestar asistencia económica y social a las personas desplazadas internamente de tal forma que puedan” gozar del mayor número de beneficios entregados por la estructura estatal.
INDÍGENAS VIOLENTADOS
La ONU lamentó “la discriminación de que siguen siendo víctimas las comunidades indígenas y minoritarias. También inquieta al Comité la falta de instancias de consultas con los representantes de comunidades en cuanto a la distribución de tierras a los pueblos indígenas. Igualmente, preocupa al Comité la falta de garantías en el ejercicio, por parte de las comunidades indígenas, del derecho a la propiedad frente a la existencia de proyectos de desarrollo y explotación de recursos que puedan afectarlos.”.
Colombia debería garantizar el pleno goce de los derechos a las personas pertenecientes a minorías, “en particular con respecto a la distribución de tierras y a los recursos naturales, a través de consultas efectivas con los representantes de las comunidades indígenas”.
El Comité advierte que siguen llevándose a cabo “las llamadas operaciones de ‘limpieza social’, dirigidas contra los niños de la calle, los homosexuales, las prostitutas y los autores de infracciones, y que todavía no se hayan tomado medidas adecuadas y eficaces para garantizar la plena protección de los derechos de esos grupos, sobre todo su derecho a la vida”. Un panorama desolador.
Valero: una negociación de paz como la que se hizo en Centroamérica
En entrevista con el periodista Pablo Gámez, de Radio Nederland, el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, detalló la propuesta de paz de Venezuela para Colombia.“Existe una situación sumamente riesgosa en las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia”, advirtió. “La paz continental está amenazada por la política guerrerista que viene adelantando hasta ahora el Gobierno de Colombia, en alianza estratégica con el de Estados Unidos. Y es por esto que ambos han convenido en que se establezcan siete poderosas y mortíferas bases militares en el territorio colombiano, con el propósito de extender la guerra interna que vive Colombia al resto del continente, para garantizar también por esta vía un predominio mayor del que tiene actualmente Estados Unidos sobre sus áreas de influencia”.
Es por esto, añadió Valero, “que el Gobierno de Venezuela ha tomado la decisión de levantar con más fuerza la bandera de la paz, lo cual significa contribuir a que Colombia encuentre caminos para un entendimiento para solucionar de manera pacífica y negociada el terrible conflicto armado que vive desde hace más de 60 años”. Conflicto que ha dejado “un saldo superior a cien mil muertos, siete millones de desplazados, de los cuales cuatro millones se encuentran en Venezuela, razón por la cual somos un país, como el resto del hemisferio, que está interesado en que se busque una salida negociada, pacífica al conflicto interno armado de Colombia”.
El embajador hizo referencia a experiencias “como las que se pusieron en práctica en la década de los 70 y 80, que finalmente condujeron a la búsqueda de salidas pacíficas, negociadas, en el conflicto que vivían varios países de América Central, como Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador”.
En aquella oportunidad, recordó, “los países latinoamericanos y del Caribe constituyeron el llamado grupo Contadora, que finalmente se transformó en el Grupo de Río, instancia que contribuyó a que los hermanos centroamericanos, por vía del diálogo político, por vía de la negociación, llegaran a un acuerdo y que hoy se pueda disfrutar de amplios márgenes de paz y estabilidad como los que viven los países de América Central”.
Por lo tanto, dijo Valero, “Venezuela está planteando este tema como el central: la paz continental, la paz en Colombia”.
El experto Fabián Salvioli criticó las recompensas del gobierno de Álvaro Uribe a quienes colaboran en la lucha contra la guerrilla. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH advierte que el conflicto armado propicia las violaciones contra la integridad de las personas
Álvaro Uribe deja la Presidencia de Colombia con una historia oscura en materia de derechos humanos
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), manifestó ayer su preocupación ante la impunidad que existe en Colombia por la presencia de grupos paramilitares que aún accionan en ese país.
El grupo de la ONU, conformado por unos 20 especialistas en el tema, añadió en su informe sobre Colombia que existe “falta de progresos en los beneficios jurídicos para los desmovilizados de grupos armados o por la connivencia entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares”, reportó Telesur.
Los expertos se reunieron en Ginebra desde el pasado 12 de julio para analizar la situación del país latinoamericano. A nombre de ellos, Fabián Salvioli declaró ante la prensa que uno de los temas que primó en la investigación fue el de los “falsos positivos”, o civiles asesinados, y mostrados como supuestos guerrilleros caídos en combate.
“Una de las peores prácticas destacadas durante el periodo de estudio fueron los llamados ‘falsos positivos’, que deben ser investigados a fondo y los culpables juzgados”, señaló Salvioli, según la reseña de Telesur. Salvioli es jurista, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata.
El pasado 16 de julio, tal como lo reseñaron agencias de noticias, Fabián Salvioli, en representación del comité, cuestionó las recompensas del gobierno de Álvaro Uribe a quienes colaboran en la lucha contra la guerrilla, y consideró que esta práctica dio lugar a los “falsos positivos” y a ejecuciones sumarias. La representante colombiana, Alicia Arango Olmos, negó estas acciones, aun cuando las mismas han sido ampliamente denunciadas.
ATROPELLOS E IMPUNIDAD
Otro punto de gran importancia que también forma parte de las conclusiones del Comité de Derechos Humanos, es la falta de investigaciones por las polémicas violaciones a los derechos humanos, así como los atropellos contra distintos activistas.
El grupo cuestionó la extradición ordenada desde el Ejecutivo colombiano de jefes paramilitares a Estados Unidos por considerar que dificulta las indagaciones sobre su responsabilidad por vulneraciones de derechos humanos.
Sobre ese tema, el texto de la ONU indica que las extradiciones “impiden el derecho a la justicia, el descubrimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, además de que contravienen la responsabilidad del Estado de investigar, enjuiciar y castigar las violaciones de los derechos humanos”.
Ante los resultados arrojados por las investigaciones, el Comité instó a Colombia para que adopte una serie de nuevos mecanismos de acción, garantes de las recomendaciones planteadas por el grupo de expertos.
“El principal problema de Colombia es la impunidad, eso no ha mejorado en nada en los últimos años”, afirmó Salvioli. Cabe destacar que este es el sexto informe realizado por el Comité sobre Colombia.
El Comité recomendó emprender el trabajo por la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la prestación de especial atención a las víctimas menores de edad, afrocolombianos e indígenas, quienes, a juicio del grupo adjunto a la ONU, representan “los más desprotegidos por la ley”.
El informe reza, además, que “deben ser habilitados recursos específicamente destinados a brindar atención psicosocial y rehabilitación” a las personas objeto de vejaciones.
EL OBSTÁCULO DE LA GUERRA
El informe Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre países de América Latina y el Caribe (1977 – 2004), disponible en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ratifica que las reiteradas violaciones cometidas contra las personas en Colombia están relacionadas con la guerra civil que sufre la nación vecina.
“La continuación del conflicto armado interno en Colombia sigue siendo un gran impedimento para el respeto y la protección de los derechos humanos”, puntualiza el informe. “El Comité lamenta observar que la situación de los derechos humanos en Colombia no ha mejorado”.
Colombia, señala, “sigue siendo víctima de un conflicto armado muy extendido, en cuyo contexto se han cometido y siguen cometiéndose violaciones patentes y masivas de los derechos humanos. El Comité toma nota también de que todavía no han dado frutos los esfuerzos recientes por reanudar las negociaciones de paz”.
Deplora el hecho “de que sigan produciéndose en Colombia violaciones patentes y masivas de los derechos humanos y siga siendo muy alto el grado de la violencia política y criminal”. En particular, la ONU lamenta “las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos, las torturas y los tratos degradantes de otro tipo, las desapariciones involuntarias y las detenciones arbitrarias que llevan acabo los integrantes de las fuerzas armadas, la policía y los grupos paramilitares y guerrilleros”. Y añade que los periodistas, los activistas de derechos humanos, los dirigentes sindicales y políticos, los profesores, los miembros de las poblaciones indígenas y los jueces “parecen ser un blanco preferido de estos atropellos”.
CUIDADO CON ESTATUTO ANTITERRORISTA
La ONU “ha tomado nota de los esfuerzos” para fomentar “que los miembros de los grupos armados ilegales abandonen sus armas y se integren a la sociedad civil”. No obstante, alerta que se ha presentado el llamado proyecto de ley de alternatividad penal, “que propone otorgar beneficios jurídicos, tal como la suspensión de la pena privativa de la libertad, a los miembros de los grupos armados ilegales que abandonen sus armas. Al Comité le preocupa que dichos beneficios puedan extenderse a personas responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.Por eso, solicita al Estado colombiano “asegurar que la legislación propuesta sobre penas alternativas a la privación de libertad no otorgue impunidad a las personas que hayan cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
“El Comité nota con preocupación que el llamado ‘Estatuto Antiterrorista’ (proyecto de acto legislativo No 223 de 2003) fue aprobado como Ley de la República en diciembre de 2003, ley que prevé dotar de facultades de policía judicial a las fuerzas armadas, así como autorizar allanamientos, detenciones administrativas y otras diligencias sin previa orden judicial”, añade. “Se disponen restricciones al derecho a la intimidad y al derecho a interponer recursos. Dichas disposiciones no parecerían compatibles con las garantías enunciadas en el Pacto” de Derechos Civiles y Políticos.
Al Comité le preocupa el hecho de que siga produciéndose en Colombia “un importante número de detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones forzadas, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos. Al Comité le preocupa asimismo que sigan ocurriendo tales prácticas como arrestos de candidatos y que los asesinatos de legisladores ocurridos en años anteriores resten impunes”. Añade: “Continúan siendo un blanco de estas acciones los defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales y políticos, jueces y periodistas.
El secuestro de la candidata a la Presidencia, Ingrid Betancourt, en febrero de 2002 sigue preocupando al Comité, así como el resto de los secuestros. Preocupa igualmente al Comité la participación de agentes del Estado Parte en la comisión de tales actos, así como la aparente impunidad de la cual gozan sus perpetradores”. El Gobierno colombiano “debería tomar medidas inmediatas y eficaces para investigar estos hechos, sancionar y dar de baja a los que se determine como responsables y a indemnizar a las víctimas”.
FUERZAS ARMADAS APOYAN A PARAMILITARES
El Comité de la ONU “está profundamente preocupado por la existencia de pruebas de que grupos paramilitares reciben apoyo de miembros de las fuerzas armadas. Parece agravar la situación el recientemente aprobado decreto que tendría el efecto de legalizar la constitución de grupos armados civiles (las llamadas cooperativas de seguridad rural)”.
La impunidad sigue siendo un fenómeno muy difundido, señala el informe. Además, integrantes de las fuerzas militares y de seguridad u otras fuerzas “supuestamente siguen ejerciendo poderes especiales sobre la población y las autoridades civiles, incluidas las autoridades judiciales, poderes que se les otorgaron mediante el establecimiento de las zonas especiales de orden público por decretos que ya no están en vigor”.
El Comité está especialmente preocupado por el hecho de que los militares ejerzan las funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio.
JUSTICIA OBSTRUIDA
La Fiscalía General de la República “no ha investigado con la diligencia apropiada a los miembros de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos en la forma de crímenes, particularmente torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias y arbitrarias”.
Colombia, agrega, “deberá asegurar las investigaciones, sin distinción de los presuntos autores, de estos hechos y garantizar a las víctimas el pleno ejercicio del derecho a un recurso efectivo”.
Una de las preocupaciones de la ONU es que los tribunales militares siguen investigando delitos cometidos por el personal militar “que implican torturas, desapariciones forzosas, y ejecuciones sumarias y arbitrarias, no obstante su anterior ineficacia para resolver esos crímenes y de la decisión de la Corte Constitucional que otorgó jurisdicción sobre tales crímenes a los tribunales ordinarios”. El Estado colombiano debería asegurar “que los tribunales ordinarios investiguen y juzguen dichos crímenes y que todos los elementos de las fuerzas armadas cooperen en dichos procedimientos. Las personas investigadas por tales delitos deberán ser suspendidas del servicio activo durante la investigación y el proceso de estos casos”.
El Comité “lamenta cierta información recibida con respecto a acciones cometidas contra los defensores de derechos humanos, incluyendo intimidaciones y ataques verbales y físicos provenientes del más alto nivel político y militar y las intercepciones de comunicaciones”.
DESPLAZADOS EN EL AIRE
Al Comité “le sigue preocupando el número todavía elevado de desplazados en Colombia así como la falta de asistencia socioeconómica entregada por el Estado Parte a estas personas, especialmente en áreas tales como la educación infantil y la asistencia hospitalaria”. La ONU “también expresa su inquietud con respecto a las dificultades que tienen las personas desplazadas internamente para ejercer sus derechos cívicos, particularmente el voto.”.
Colombia “debería intensificar los programas destinados a prestar asistencia económica y social a las personas desplazadas internamente de tal forma que puedan” gozar del mayor número de beneficios entregados por la estructura estatal.
INDÍGENAS VIOLENTADOS
La ONU lamentó “la discriminación de que siguen siendo víctimas las comunidades indígenas y minoritarias. También inquieta al Comité la falta de instancias de consultas con los representantes de comunidades en cuanto a la distribución de tierras a los pueblos indígenas. Igualmente, preocupa al Comité la falta de garantías en el ejercicio, por parte de las comunidades indígenas, del derecho a la propiedad frente a la existencia de proyectos de desarrollo y explotación de recursos que puedan afectarlos.”.
Colombia debería garantizar el pleno goce de los derechos a las personas pertenecientes a minorías, “en particular con respecto a la distribución de tierras y a los recursos naturales, a través de consultas efectivas con los representantes de las comunidades indígenas”.
El Comité advierte que siguen llevándose a cabo “las llamadas operaciones de ‘limpieza social’, dirigidas contra los niños de la calle, los homosexuales, las prostitutas y los autores de infracciones, y que todavía no se hayan tomado medidas adecuadas y eficaces para garantizar la plena protección de los derechos de esos grupos, sobre todo su derecho a la vida”. Un panorama desolador.
Valero: una negociación de paz como la que se hizo en Centroamérica
En entrevista con el periodista Pablo Gámez, de Radio Nederland, el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, detalló la propuesta de paz de Venezuela para Colombia.“Existe una situación sumamente riesgosa en las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia”, advirtió. “La paz continental está amenazada por la política guerrerista que viene adelantando hasta ahora el Gobierno de Colombia, en alianza estratégica con el de Estados Unidos. Y es por esto que ambos han convenido en que se establezcan siete poderosas y mortíferas bases militares en el territorio colombiano, con el propósito de extender la guerra interna que vive Colombia al resto del continente, para garantizar también por esta vía un predominio mayor del que tiene actualmente Estados Unidos sobre sus áreas de influencia”.
Es por esto, añadió Valero, “que el Gobierno de Venezuela ha tomado la decisión de levantar con más fuerza la bandera de la paz, lo cual significa contribuir a que Colombia encuentre caminos para un entendimiento para solucionar de manera pacífica y negociada el terrible conflicto armado que vive desde hace más de 60 años”. Conflicto que ha dejado “un saldo superior a cien mil muertos, siete millones de desplazados, de los cuales cuatro millones se encuentran en Venezuela, razón por la cual somos un país, como el resto del hemisferio, que está interesado en que se busque una salida negociada, pacífica al conflicto interno armado de Colombia”.
El embajador hizo referencia a experiencias “como las que se pusieron en práctica en la década de los 70 y 80, que finalmente condujeron a la búsqueda de salidas pacíficas, negociadas, en el conflicto que vivían varios países de América Central, como Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador”.
En aquella oportunidad, recordó, “los países latinoamericanos y del Caribe constituyeron el llamado grupo Contadora, que finalmente se transformó en el Grupo de Río, instancia que contribuyó a que los hermanos centroamericanos, por vía del diálogo político, por vía de la negociación, llegaran a un acuerdo y que hoy se pueda disfrutar de amplios márgenes de paz y estabilidad como los que viven los países de América Central”.
Por lo tanto, dijo Valero, “Venezuela está planteando este tema como el central: la paz continental, la paz en Colombia”.
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