El derechista Leopoldo López, propulsor de el plan de desestabilización contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, conocido como “La salida”, hoy detenido en Venezuela
Por Carlos Machado Villanueva / El Peatón
Hay indicios de que Venezuela pudiese estar sometida hoy a una estrategia de desestabilización política encubierta de factura CIA, cuyo fin es sumir al país con las mayores reservas mundiales de petróleo en una escalada violencia delincuencial y para-narcomilitar que ponga una vez más en serios aprietos a una revolución democrática, pacífica y respetuosa de las libertades públicas.
Es así que transcurridos ya 15 años de la revolución bolivariana liderada inicialmente por el desaparecido líder Hugo Chávez, hoy el estratégico país latinoamericano y caribeño, bajo la conducción política de el presidente Nicolás Maduro Moros, ha venido derrotando otros intentos desestabilizadores, siendo el más reciente el de la llamada “Salida” y sus “guarimbas” asesinas, en el recién finalizado 2014.
Su costo más doloroso fue que se le cegó la vida a 43 personas, incluidos 6 efectivos entre policías y militares, y 185 resultaron heridas en 5 meses de violencia callejera ejecutada sobre todo por delincuentes venezolanos y mercenarios contratados, haciéndose pasar por estudiantes “pacíficos”, entre febrero y junio de 2014, en 18 municipios de 335, por lo menos así fueron presentados por los medios de comunicación privados tanto nacionales como extranjeros.
Como principal propulsor de estos hechos se sindica al derechista extremo Leopoldo López, hoy preso y sometido a la justicia venezolana a, y quienes al igual que éste deberán responder a requisiciones penales cursadas recientemente por la Fiscalía venezolana, como el caso de la exdiputada María Corina Machado y la activista de derecha extrema Gaby Arellano.
Las advertencias surgen por varios lados e involucran desde situaciones complejas hasta las aparentemente insignificantes; ello en razón de que incluso el hecho de que un ciudadano común caminando por las calles de Caracas al día siguiente de la fiesta de fin de año, aviste en el suelo un par de proyectiles percutidos -cuyo origen es atribuible al arsenal de armas en manos de personas ligadas al delito y disparadas al aire, en tétrica forma de celebración ya común en barriadas populares, sirva de alerta.
Hay esfuerzos
Son públicos y notorios los esfuerzos del actual gobierno venezolano para disminuir al máximo, e incluso definitivamente, la tenencia de armas en manos de ciudadanos, en aras de garantizar la seguridad y paz ciudadana.
Una novísima ley de desarme sería la primera acción de carácter legislativo en esa dirección, la cual subsume otras 13 acciones normativas y penales, destacando en el caso de estas últimas, la de los 25 años de prisión a que se expone quien porte un arma ilegalmente en Venezuela a partir del 15 de junio de 2014, fecha de su promulgación.
Aún así, evidentemente que no puede pasar desapercibido para cualquier persona medianamente informada el hecho, reconocido incluso por las autoridades de Estado, como en el caso del gobernador del estado Guarico, Ramón Chacín, de cómo hasta ahora no han sido aprehendidos los integrantes de la llamada banda del “Picure”.
Éste delincuente asolaría hoy el sureste de esta jurisdicción con incursiones criminales que dejan saldos de varias víctimas mortales, y para lo cual contaría con unos 100 integrantes todos portando armas de altísimo calibre, según reseñan algunos medios, incluso algunos sobredimensionando la situación con claros fines políticos oposicionistas como ha venido siendo desde 1998.
Una revisión retrospectiva
Una revisión retrospectiva conduce a los inicios de la llamada “Guerra de los carteles de la droga” en México, los cuales poco a poco se fueron empoderando cada vez más dada la impunidad de la que disfrutaron y disfrutan hoy, debido más que nada a la ausencia de respuesta contundente y oportuna, represiva y judicial, por parte un Estado que, como ha quedado evidenciado hoy con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cayó desde hace años en mano de una alianza de políticos y militares corruptos con los jefes del narcotráfico de esta nación azteca.
Esta situación de violencia delincuencia en el hermano país azteca, comenzó a escalar justo cuando se venían produciendo expresiones concretas del avance político de sus fuerzas de izquierda y progresistas, y de sus movimientos sociales, siendo la virtual victoria presidencial, arrebatada fraudulentamente al candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el 2006, frente a su contendor derechista Felipe Calderón, una prueba de ello, luego de que sus autoridades electorales se negaron a auditar un proceso electoral plagado de irregularidades y en el que éste obtuvo una diferencia de votos a su favor de menos del uno por ciento.
La prensa mexicana ha reseñado denuncias del involucramiento de autoridades estadounidenses con el contrabando desde EE. UU. de armas dirigidas a los carteles, y que según analistas de ese país obedece a la puesta en práctica de lo que reza el plan económico neoliberal “Puebla-Panamá”, implementado desde la llegada del derechista Vicente Fox a la presidencia, como vía para la eliminación de los movimientos sociales mexicanos opuestos a su implementación
No hay cabida a la ingenuidad
Ciertamente, Venezuela está muy lejos de llegar a una situación similar a la de México, que hoy es visto por los ojos de la opinión pública internacional como un país sumido en una violencia indetenible, y lo más peligroso aún: como un “Estado fallido”, caracterización acuñada por los expertos pentagonistas en propaganda para justificar cuando lo consideren conveniente cualquier tipo de intervención militar.
Pero también sería de una ingenuidad tremenda creer que éste país latinoamerica no es el laboratorio escogido para este nuevo tipo de guerras encubiertas, o si se prefiere asimétrica –por aquello de ausencia de todo tipo de consideración ética y respeto a orden jurídico alguno nacional o internacional- que las agencias de inteligencia estadounidenses vienen poniendo en práctica en países que consideran dentro de su visión imperialista de “espacio vital”.
En el caso latinoamericano-caribeño, sería en noviembre de 2013 cuando el mismísimo Secretario de Estado norteamericano, es decir el canciller, lanzaría esta perla: “El hemisferio occidental es nuestro patio trasero, es de vital importancia para nosotros”, el encargado de no hacernos olvidar la percepción que ha tenido y mantiene la élite gobernante estadounidense sobre Nuestra América, sobre nuestra Patria Grande.
En boca de pobladores
Volviendo a Venezuela, y recordando que la sociología designa a los grupos delincuenciales, como una expresión de los llamados poderes fácticos que una sociedad “equis” pugnan por conservar y aumentar su poder anómico y su espacio, es decir, que no obedece a ley del de Estado alguna, llámese delincuente, banda de éstos, especuladores, etc., pudiésemos llamar la atención sobre algunas situaciones cuya ocurrencia es común oír en boca de pobladores de barriadas populares.
No sé puede en este contexto describir de otra manera sino como “caldo de cultivo” para el empoderamiento de grupos de violencia delincuencial que, por ejemplo, haya calles y/o sectores completos donde el control social lo ejercen jóvenes, y no tan jóvenes, por lo general ligados al delito y al narcotráfico, infundiendo miedo.
Incluso éstos trancan calles para cualquier celebración que se les antoje prevalidos de su poder de fuego, es decir de armas de fuego en su poder, violando así un derecho constitucional como es el de libre tránsito.
Es así como se llega a la lamentable estadística escuchada de boca de un poblador de un barrio del populoso Petare, ubicado al este del Estado Miranda, quien revela no sin preocupación cómo su calle pasó de ser una de las más seguras de su barrio, a una donde se produjeron en un año 15 heridos de bala y 4 muertos.
Si se extrapola esta situación a los más de 2 mil barrios de este municipio, las alarmas se encienden.
¿Plan premeditado?
Pero lo más grave, culmina, es que los cuerpos policiales, sobre todo los estadales y municipales, se hacen la vista gorda ante estos aquelarres callejeros, situación que conviene investigar para descartar que se corresponda con un plan premeditado, más si como es público y notorio sus gobernantes derechistas, el alcalde Carlos Ocariz y el gobernador Henrique Capriles Radonski, han sido protagonistas de primera línea en acciones golpistas en el pasado reciente.
Y es que en el caso de éste último, actualmente familiares de las 11 víctimas mortales de los sucesos del 15 de abril de 2013 en el que llamó a sus partidarios a desconocer en las calles el triunfo del presidente Nicolás Maduro se han organizado y desarrollan acciones para que no haya impunidad al respecto.
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