Caracas, 30 May. AVN.- Sería fácil recurrir al lugar común para narrar la manifestación que se formó en los alrededores de la base aérea de Toncontín en Honduras para recibir al ex mandatario derrocado José Manuel Zelaya, a dos años del golpe de Estado que lo depuso.
Sería sencillo adjetivar la concentración como multitudinaria, decir que los “simpatizantes” de Zelaya –así como se etiqueta también a líderes políticos que han arriesgado su vida en la resistencia- portaban sus banderas y entonaban consignas bajo un sol que impedía caminar sin los ojos entrecerrados por su resplandor.
No costaría afirmar que los manifestantes estaban contentos, reían, se abrazaban y lloraban de la alegría mientras la caravana de automóviles, encabezada por Zelaya al volante de una camioneta blanca, se hacía camino entre ríos de gente que no podía contener su grito de ‘Sí se pudo’.
Lo que es difícil de imaginar para los ojos de quien apenas llega en el momento del evento, de las pompas y los discursos, es el cansancio, las horas de vigilia, los ausentes o la angustia que generan casi dos años de espera viviendo la impunidad del golpismo y bajo un gobierno desconocido por la comunidad internacional.
La pregunta que se escuchaba entre murmullos era: “¿Esta vez será definitivo?”. Era la segunda vez que Zelaya ingresaba a Honduras, sin contar el intento días después del golpe que fue frustrado por los militares apostados en la pista de la base aérea de Toncontín y el fallido retorno a través de la frontera con Nicaragua.
Lejos de los micrófonos y debajo de la tarima donde finalmente llegó el ex mandatario junto a líderes políticos y exiliados, Ezer Labaire, militante del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), respondió esa pregunta sin tapujos: “Si esta vez nos lo vuelven a quitar y se lo vuelven a llevar, la culpa será de nuestro pueblo. No lo podemos permitir”.
No es borrón y cuenta nueva
El púlpito desde donde Zelaya pronunció su primer discurso estaba ubicado en la plaza Isis Murillo. El nombre de esa glorieta es un tributo a una de las primeras víctimas de la dictadura de Roberto Micheletti, instaurada en Honduras el 28 de junio de 2009.
En ese sitio, ubicado a pocos minutos del aeropuerto, Murillo –de 19 años- fue acribillado por un francotirador el 5 de julio de 2009, día en el que Zelaya procuró infructuosamente pisar la misma pista que besaría casi dos años después de bajar de una aeronave venezolana.
Ese crimen de la dictadura está entre las decenas de asesinatos políticos registrados desde entonces y es un recordatorio para Antonio Guardado, también perteneciente a la resistencia: “Nosotros estamos muy felices de que todos estos compatriotas estén en casa de nuevo, pero que nadie crea que a partir de ahora todo es borrón y cuenta nueva”.
De acuerdo con el pacto firmado en Cartagena de Indias, entre Zelaya y el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, el proceso de reconciliación nacional pasa por el respeto a los derechos humanos y establece la creación de una secretaría para velar por ellos.
Sin embargo, la experiencia reciente de los hondureños les impide creer completamente que el actual gobierno pueda cumplir con ese documento por lo que instan, especialmente a Venezuela y Colombia –países que alentaron el acuerdo-, a vigilar la actuación de Lobo.
Desde la asunción del presidente en ejercicio, mediante cuestionadas elecciones, en Honduras se han incrementado los asesinatos. Las cifras, admitidas por los propios funcionarios de Lobo, dice que unas 6 mil personas fueron víctimas de ese crimen en 2010, lo que deja un promedio de 16 muertes violentas diarias.
En enero de este año, el director de la Policía Nacional, José Luis Muñoz, informó que en ese país se reportaron 1600 casos más de los registrados en 2009, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a evaluar la posibilidad de calificar a Honduras como un país donde existe una epidemia de homicidios y vulnerabilidad de los ciudadanos.
Aunado a eso, este país es el más peligroso para el ejercicio del periodismo, oficio que ya ha cobrado más de una docena de víctimas por denunciar el asedio gubernamental.
Aunque ya era un país peligroso para los periodistas, por la existencia del crimen organizado, las maras (redes de bandas delictivas) o el narcotráfico. Pero desde el golpe de Estado de 2009 se suma también la violencia política contra medios críticos o de oposición.
Esa realidad de violencia está presente en la conciencia de los hondureños, quienes todavía tienen reservas sobre la actitud que tomará el gobierno de Lobo. Exiliados que retornaron a sus casas, como es el caso de René Amador, coincidieron que su regreso al país “es un acto de fe, un voto de confianza inmerecido pero necesario para la reconquista de la democracia”.
No hay nada pétreo
Resultaba aparentemente obvio que el suceso del 28 de mayo de 2011, era el regreso de Zelaya a su tierra natal. No obstante, su retorno es sólo el primer paso para el objetivo que buscan los hondureños: ejercer su autoridad soberana para convocar a una constituyente.
“Aquí lo principal que queremos es que se nos devuelva el poder que la oligarquía de este país ha secuestrado”, dijo María Corina Rodríguez mientras el sábado intentaba acercarse al podio para ver a su líder.
En Honduras, la consigna de cambio no es sólo convocar elecciones para elegir un presidente. El problema de fondo es poder reformar el Estado, intención que llevó a los golpistas a asestar un golpe a la democracia, secuestrar y expulsar a Zelaya hace dos años con la anuencia de Estados Unidos.
Para darle “validez” jurídica al golpe, el Congreso y los magistrados de la Corte Suprema, alegaron en esa oportunidad que Zelaya debía ser destituido por “violar la Constitución” al convocar una consulta popular para iniciar el proceso para la Constituyente.
El argumento en ese entonces fue que con la consulta, Zelaya tenía intenciones de modificar “artículos pétreos” de la Constitución hondureña, es decir, textos supuestamente inamovibles de la Carta Magna de ese país. Para la abogada francesa y miembro del Parti de Gauche (izquierda), Raquel Garrido, ese alegato es absurdo.
“En las leyes de un país no hay nada pétreo y menos si en el ejercicio de una Constituyente, que consiste en devolver el poder a las bases, el pueblo decide que quiere un cambio en la estructura del Estado”, explica.
“En una Constituyente, o se devuelve por completo el poder al pueblo o no se devuelve. El derecho al soberano no es algo que se entrega en 80% o 90%”, recalca la abogada, quien formó parte de la comitiva que acompañó a Zelaya en su regreso.
Honduras para los hondureños
Aunque parecería lógico creer que la vuelta de Zelaya y el casi seguro reingreso de Honduras esta semana a la Organización de Estados Americanos, sea el fin de la crisis, no es así.
Los hondureños quieren ser protagonistas de una transformación de fondo, que también implica la conformación de una nueva fuerza política que plante cara a los partidos tradicionales (Liberal y Nacional).
El nuevo llamado a una Constituyente y el reconocimiento al FNRP como partido asoma esa posibilidad. La garantía de que no se repita la historia de 2009, es por ahora el acuerdo de Cartagena.
El texto destaca en su punto siete que en el artículo 5 de la Constitución hondureña “regula la convocatoria de plebiscitos con procedimientos claramente establecidos, lo cual permite la posibilidad para que el pueblo pueda ser consultado”. Por lo tanto, la convocatoria a una Constituyente está acorde a la Carta Magna.
Según el acuerdo, Lobo se comprometió a tomar medidas para “velar por los derechos electorales de los ciudadanos, así como encomendar la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de plebiscitos en la República de Honduras”.
Para el militante del FNRP, Ezer Labaire, ese pacto se resume a que “más allá de ‘Mel’ Zelaya, podemos llamar a una Constituyente para que Honduras vuelva a ser de los hondureños y contemos con un Estado verdaderamente democrático”.
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