Puerto Príncipe, 5 abril 2012 (www.prensa-latina) El ministro Justicia de Haití, Pierre Michel Brunache, descartó hoy un eventual uso de la fuerza para terminar un motín de exsoldados que ocuparon desde hace dos meses viejos campos de entrenamiento.Integrantes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Nacionales de Haití (FADH) tomaron desde enero pasado antiguas zonas militares, de las que se niegan a partir pese a las órdenes del Ejecutivo.
Aunque la pasada semana Brunache pidió la Policía Nacional adoptar "todas las medidas convenientes" para poner terminar la insubordinación, este jueves señaló que las autoridades se proponen encontrar una solución a través del diálogo.
Pese a que se trata de una situación de anarquía, en ningún momento hemos considerado el recurso de la fuerza, sostuvo.
La semana anterior, un grupo de senadores consideró que un eventual uso de la fuerza contra los exmilitares conduciría a la inestabilidad política en la nación.
Los exsoldados ocuparon los terrenos en la periferia capitalina, principalmente en Delmas y Carrefour, y demandaron una indemnización por 15 millones de dólares para compensar sus pérdidas tras la desaparición del Ejército hace 18 años.
"Ningún pago atrasado tendrá lugar mientras los afectados no dejen los lugares ilegalmente ocupados. Su salida de estos edificios, en orden, disciplina y calma, es una condición", respondió el Ministerio del Interior en un comunicado.
El texto pidió además a los jóvenes que buscan unirse a esos grupos desistir de sus intentos y postularse para la Policía Nacional, el Servicio de Inmigración o en la Dirección de la Protección Civil.
La Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) aseguró que tras el vencimiento del plazo dado por el gobierno para la retirada de los exmilitares se deben tomar acciones concretas.
Los cascos azules están listos para intervenir y desarmar a esos grupos, si así lo solicita la policía, afirmó la responsable de información de la Minustah, Elianne Nabaa.
La Red Nacional de Derechos Humanos de Haití (Rnddh) consideró que esos grupos constituyen una amenaza grave y real para la seguridad de la nación caribeña.
Por su parte, el portavoz de los amotinados, Jean Baptiste Joseph, aseguró que no se retirarán de los campamentos porque "esa es su casa" y conminó al pago de la suma por los supuestos daños causados por quedar sin trabajo.
El Ejército haitiano estuvo formado por unos ocho mil hombres y fue disuelto en 1994 por el exmandatario Jean Bertrand Aristide tras ser artífices de numerosas violaciones de los derechos humanos.
El presidente Michel Martelly emitió una orden para obligar a la desmovilización de los exsoldados en la que les prohibía además vestir el uniforme militar y andar armados.
"Martelly es el jefe nominal de las FADH y nosotros le debemos obediencia: ya no circulamos en trajes militares ni armados como lo había pedido, pero no podemos volver a nuestras casas, porque ya la tenemos: el cuartel es nuestra casa", dijo Joseph.
El vocero afirmó, además, que los exmilitares no se han rebelado contra el mandatario ni reciben financiamiento de organización alguna.
Martelly ordenó en noviembre anterior la creación de una comisión civil que se encargaría de gestionar el restablecimiento del poder militar.
El programa contempla la contratación de un primer contingente de tres mil 500 efectivos y una inversión a largo plazo de 95 millones de dólares.
Actualmente los trabajos de seguridad están a cargo de la Minustah y de la Policía Nacional de Haití.
mgt/lio
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