Sostiene que nadie puede alegar obediencia debida
“Si esta gente volviera al Gobierno no tendría escrúpulos en repetir lo que hizo”, advierte el periodista y ex vicepresidente Ejecutivo, en referencia a las centenares de víctimas que dejaron regadas los gobiernos de AD y Copei20 octubre 2011
Rangel: “Los represores no solamente asesinaban, sino que escupían sobre las tumbas de las personas”
Si se trata de hacer justicia con los crímenes del Puntofijismo, (1958-1998), todos los caminos conducen a José Vicente Rangel. El periodista y exvicepresidente Ejecutivo fue una de las voces solitarias que se paró en el Congreso de los años 60 para denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos de Acción Democrática y Copei; sus alegatos sobre el asesinato del revolucionario Alberto Lovera (perpetrado en octubre de 1965) quedaron registrados para la posteridad en el libro Expediente Negro.
Por ello, la presencia de Rangel durante la segunda discusión -efectuada el martes en la Asamblea Nacional- de la ley que castigará estos delitos no fue algo fortuito. Para las y los familiares, él es un símbolo de dignidad.
-¿Qué piensa Rangel sobre la normativa?
“La tendencia particular mía es hacia el escepticismo, porque no basta con leyes -y eso está probado históricamente- si no hay respuesta de las instituciones”, sentenció el comunicador, en entrevista con el Correo del Orinoco. “Debemos aceptar que en el pasado de la Cuarta República y el presente de la Quinta República las instituciones han tenido muchas debilidades”.
Sin embargo, puntualiza que no es pesimista. “Espero que en esta oportunidad se aproveche el hecho de que es una ley impecable desde el punto de vista jurídico, ético y moral, y que eso lo tomen en cuenta las instituciones”.
La responsabilidad ahora descansa “en el Ministerio Público, en los tribunales de justicia y en la capacidad de movilización de los factores que hicieron posible que se aprobara esta ley (movimientos populares, partidos políticos, asociaciones de víctimas), los que ahora deben continuar en vela y tener claro que esta es una victoria circunstancial, del momento, en la que cuentan mucho la perseverancia y el seguir estimulando y reclamando a las instituciones”.
En la discusión, las parlamentarias y los parlamentarios de oposición plantearon que se debían incluir las denuncias contra el Gobierno Bolivariano. A esto, Rangel responde, tajante: “En la Cuarta República hubo terrorismo de Estado, en la Quinta República no lo hay”.
Calificó como absurdo el planteamiento de que la Quinta República violenta los derechos humanos. Y reiteró su argumento: “Eso no tiene sostén de ninguna especie, porque en este periodo, en los 12 años de gobierno del presidente Chávez, no ha habido terrorismo de Estado, y esa es la diferencia” con el pasado reciente.
Para Rangel, “un crimen como el que se cometió en la persona de Alberto Lovera, de Jorge Rodríguez; las miles de desapariciones forzadas, las torturas incontables, todo lo que cuenta Clodosbaldo Russián en su libro Más de mil noches prisionero en la isla del Burro, son algo inconcebible hoy día”.
El comunicador rememora que le tocó vivir en las entrañas del monstruo, y que sabe muy bien qué ocurrió en esa época. “Los fantasmas me asaltan muchas veces. No puedo olvidar a la familia Pasquier; a Rosa, la madre de los Soto Rojas. Y para ellos fue mucho peor. Aquí vivimos cosas terribles, que se ocultaron porque había interés en ocultarlas”.
CONCEPCIÓN REPRESORA
En la Quinta República, reitera, “ha habido muertes, pero no es una política de Estado. Ninguna autoridad importante ha sido responsable de esos hechos”, y además, “cuando han ocurrido, ha habido una reacción, una respuesta. ¿Qué inquieta? Que la gente de la Cuarta República sigue anclada en una concepción represora del Estado”.
-¿Cómo se expresa eso?
-En el lenguaje, en el discurso, en la ambiguedad a la hora de condenar los crímenes horrendos del pasado, e inmediatamente invocar hechos que no tienen ningún parecido. Esto es algo muy grave. Es una especie de interrogante que pende sobre el país. Si esta gente volviera al Gobierno no tendría escrúpulos en repetir lo que hizo, y eso quedó demostrado el 11 de abril de 2002, cuando salieron como bestias sedientas de sangre para perseguir a los chavistas. Si el golpe de Estado de Carmona Estanga hubiese estado una semana más, habría ocurrido una masacre en el país. Ese es el punto. No hay proceso de enmienda, de autocrítica, por parte de ese sector. Esto es preocupante para el destino democrático del país, ya que confirma que Venezuela no tiene una oposición democrática.
-¿Toda la oposición?
-Hay demócratas allí, pero no tienen fuerza para expresarse. Rehuyen la posibilidad de cuestionar y criticar para no ser cuestionados ellos mismos en el seno de una gente que se mueve al ritmo de plaza Altamira (sublevación militar a finales de 2002). Esa impronta de la plaza Altamira está presente en el subconsciente de mucha gente.
ROMPER CON LA COMPLICIDAD
-Usted habla de la piedra de tranca de las instituciones. ¿Cuál es esa piedra de tranca?
-No entender la importancia de la ley. Hay gente que cree en los derechos humanos de manera abstracta, y no tiene verdadera conciencia de lo que significa, de que la tortura a un ciudadano compromete la calidad humana de una república, de un país. Ese concepto orgánico de los derechos humanos hay gente que no lo entiende. Se impone una labor pedagógica. La educación en Venezuela está en mora con esos valores. Tendrá que haber una materia para que las y los jóvenes estudien lo que ha pasado en materia de derechos humanos en el país, y reivindicar los valores reales y no la hipocresía que vemos hoy día.
-La comisión de la verdad que crea la ley incluye abrir expedientes.
-Es muy importante contar con la colaboración de los organismos de inteligencia, que en este momento es muy pobre. Hay cierta complicidad de sectas que impide que muchas cosas afloren. Pero ahora es un mandato de ley. Si una autoridad de inteligencia no suministra los recaudos de un caso determinado, puede ser enjuiciada, porque está en la obligación de entregar los documentos.
-¿Puede afectar la edad?
-La edad no cuenta, y tenemos la experiencia del Cono Sur, donde están juzgando a represores que tienen 80 años, que cometieron delitos hace 30 o 40 años. Son delitos imprescriptibles. Los responsables que estén vivos deben ser juzgados. La ley garantiza el debido proceso; no es un atropello contra la gente, sino una restitución del Estado de derecho.
-¿No pueden alegar que estaban cumpliendo órdenes?
-No desde mi punto de vista, porque nada justifica un crimen, un delito. La obediencia debida es un concepto anacrónico. La justicia venezolana no puede aceptar ese argumento que no ha sido aceptado en otros países de Centroamérica, del Cono Sur. Hay jurisprudencia sobre la materia.
ESCUPÍAN SOBRE LAS TUMBAS
-En estos casos, ¿que es, para usted, hacer justicia?
-He observado de parte de los familiares una gran serenidad espiritual. A pesar de lo ocurrido; de lo terrible que fue para la viuda de Lovera y para la familia de Jorge Rodríguez; del calvario de los Tejero y de los Pasquier, nunca percibí en ellos odio. Simplemente pedían justicia, sanción del delito. El martes compartí con ellos en la Asamblea Nacional, y se me acercaron con mucha humildad y el mismo sentimiento. Ellos piden sanción, no el fusilamiento ni el asesinato de los responsables. Hay una actitud ética que los caracteriza, y una actitud antiética de los represores, que lo siguen siendo.
Visto así, Rangel confirma que “hacer justicia es aplicar la ley y sancionar lo que se pueda probar”. También, resarcir, “aunque ellos no están pidiendo ser resarcidos económicamente, sino que se reconozca el sentido de dignidad de esa lucha. No sólo se los torturó, sino que se los ofendió y difamó. Los represores no solamente asesinaban, sino que escupían sobre las tumbas de las personas.
-¿Y la responsabilidad política?
-Sí existe. Basta recordar la frase de Rómulo Betancourt (presidente entre 1959-1964) de disparar primero y averiguar después. Recuerdo que uno de esos presidentes dijo que ordenó matar a fulano porque estaba robando unos uniformes militares. Y hay muchos casos así, en los que llegaban a jactarse de la eliminación política del adversario.
-Pero ya los presidentes de la época fallecieron.
-Se puede hacer una declaratoria de que esos presidentes incurrieron en abusos de poder muy grandes. La ley abre las puertas no sólo a los juicios, sino a los pronunciamientos de carácter ético. Y hay que hacerle ver al país que esta no es una ley para la venganza. Es un error ubicarla en el terreno del odio. No se trata de responder al odio con el odio. La mejor respuesta al odio y a los crímenes es asumir el sentido del nuevo Estado de derecho.
RESPONSABILIZA A LEONI Y BARRIOS DEL ASESINATO DE ALBERTO LOVERA
Al centro, Raúl Leoni, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera
“No me cabe la menor duda de que la autoría de la muerte de Alberto Lovera es de Raúl Leoni (presidente) y Gonzalo Barrios (ministro de Relaciones Interiores). El hecho fue denunciado oportunamente, y a los pocos días murió Lovera, torturado, a pesar de la denuncia”, rememora José Vicente Rangel.
El Ejecutivo de la época “se desentendió totalmente del caso, e inventó la versión de que había sido desaparecido por sus compañeros de lucha en un enfrentamiento interno”.
El periodista cuenta que, una vez reportado el secuestro de Lovera el 18 de octubre de 1965, “las autoridades no se movieron, sino que trataron de encubrir lo sucedido. Lo llevaron a la Digepol, lo llevaron a Cachipo, lo mataron el 23 de octubre y lo tiraron en las playas de Lechería. Fueron cinco días de martirio y de denuncia”.
Lo compara con otro caso: el de un trabajador llamado Alberto Aguilar, detenido -durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez- por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada. “Lo supe por los familiares, hice la denuncia, hablé con el entonces ministro de Relaciones Interiores, Luis Piñerúa. A las 24 horas me llamó Piñerúa, y me contó que apareció el cadáver en una maleta”.
En el libro Expediente Negro, José Vicente Rangel acusa la existencia de una institucionalidad paralela. “La mejor demostración de esa institucionalidad paralela son los campos antiguerrilleros, donde no existía el Estado de derecho. Una persona llegaba allí, y la juzgaban, la sentenciaban, la mataban”.
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